La ley de difamación protege la reputación y el buen nombre de la persona en contra de cualquier comunicación que sea falsa y derogatoria. La difamación tiene dos agravios, llamados injuria y calumnia. La injuria comprende una comunicación difamatoria oral mientras que la calumnia se refiere a cualquier difamación que pueda ser vista, típicamente por escrito. Los elementos de injuria y calumnia son cercanamente idénticos uno de otro.

La historia nos cuenta que la ley que gobierna la injuria se enfoca en declaraciones orales que fueron humillantes para otras personas. En 1500, las cortes Inglesas lidiaron con las acciones de injuria como si se se trataran de aquellas por daños. La calumnia, sin embargo, se desarrolló de manera diferente. Los impresores ingleses eran requeridos de tener licencia y dar un bono al gobierno puesto que la palabra escrita era conocida y creída como una amenaza para la seguridad política. La calumnia incluye cualquier crítica del gobierno inglés, y una persona que hacía calumnia cometía un crimen. Esta historia se trajo en parte a los Estados Unidos, en donde el Congreso bajo la presidencia de John Adams promulgó el Acta de Sublevación, la cual hizo un crimen el criticar al gobierno. El Congreso y las cortes gradualmente desecharon este acercamiento a la calumnia, y la ley de calumnia se concentra ahora en la recuperación de daños en casos civiles.

Con la decisión de New York Times v. Sullivan en 1964, la Corte Suprema de los Estados Unidos reconoció que la ley de difamación consiste de una dimensión constitucional. En este caso y en demandas subsecuentes, La Corte balanceó los intereses de la persona en la reputación con los intereses de la libertad de expresión entre la sociedad. Este acercamiento en particular ha cambiado las regulaciones que gobiernan la injuria y la calumnia, específicamente en donde las comunicaciones son  acerca de un oficial o figura pública, o donde la comunicación es acerca de un asunto de interés público.